Como consecuencia del aumento de “parejas internacionales” cada vez se producen más casos de secuestros parentales transfronterizos. Cuando un matrimonio de personas de distinta nacionalidad decide separarse y uno de los progenitores regresa a su país de origen, en no pocas ocasiones lo hace llevándose a uno o varios de sus hijos menores. Al actuar así, no sólo priva de sus derechos al progenitor que ha quedado atrás, sino también y sobre todo al hijo al que de un día para otro se conculca su derecho a relacionarse con ambos padres.

RESPONSABILIDAD PARENTAL

La responsabilidad parental se refiere al conjunto de derechos y deberes de los padres con respecto a sus hijos. Esta responsabilidad comprende el derecho de custodia y visita que, mientras conviven, suele ser ejercido por ambos progenitores. Cuando una pareja se separa, ninguno de los dos puede decidir unilateralmente llevar consigo al hijo que tienen en común a su país de origen. Los padres han de llegar a un acuerdo, por ejemplo con la ayuda de un mediador, sobre cómo y de qué manera quieren seguir ejerciendo la responsabilidad parental tras la ruptura. Existen varios modelos de guarda y custodia: (i) la custodia compartida, (ii) la custodia exclusiva ejercida por uno de los progenitores, e incluso es posible (iii) otorgar la guarda y custodia a un tercero si los padres no pueden asumir el cuidado del menor. No obstante, esta última modalidad de la guarda y custodia solamente se da en casos excepcionales.

Si los padres no consiguen llegar a un acuerdo, habrá que acudir a los tribunales para que un juez decida qué tipo de guarda y custodia considera mejor para el niño, siempre teniendo en cuenta el criterio de interés superior del menor.

MEDIDAS CAUTELARES

Cuando existe un riesgo fundado de sustracción sin que el traslado del menor haya sido llevado a cabo, es posible solicitar medidas cautelares en base al artículo 158 del Código Civil. En estos casos el juez podrá dictar medidas para evitar la sustracción, tales como la prohibición de salida del territorio nacional, la prohibición de expedición del pasaporte del menor o retirada del mismo, e incluso el sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio del domicilio del menor.

SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DEL MENOR POR LA VÍA CIVIL

Si el traslado efectuado por el progenitor es a un país que forma parte del Convenio de la Haya de 1980, debe solicitarse inmediatamente, y en todo caso antes del transcurso de un año, el retorno del menor a través de la Autoridad Central.

El Convenio de la Haya es un tratado multilateral que proporciona un procedimiento para conseguir la restitución de un menor al estado donde tiene su residencia habitual y la Autoridad Central vela por el cumplimiento de las obligaciones del mencionado Convenio. Dicho convenio no requiere que exista una resolución judicial en la cual haya sido atribuida la guarda y custodia a uno de los progenitores. No obstante, se recomienda iniciar al mismo tiempo el proceso de divorcio solicitando la custodia del menor sustraído.

Si el menor ha sido sustraído a un país que no forma parte de ningún convenio que obligue a cooperar en esta materia, como por ejemplo la mayoría de los países islámicos, el caso se complica aún más. Habrá que estudiar cada casuística por separado, ya que las acciones legales que se pueden emprender dependerán de muchos factores.

SUSTRACCIÓN DE MENORES Y LA VÍA PENAL

Únicamente tiene sentido optar por esta vía si la conducta es también considerada delito en la legislación penal del país de acogida del menor. De lo contrario la denuncia no prosperará en esa nación no procediendo emitir una orden de busca y captura. La vía penal sí requiere la existencia de una resolución judicial que atribuya la guarda y custodia a uno de los progenitores, y que además el sustractor sea el que solamente tiene otorgado un régimen de visitas y no la custodia del menor.