Puede ocurrir que a causa de una enfermedad, ya sea física o psíquica, una persona no sea capaz de gobernarse por sí mismo. Si como consecuencia de ello sus actos son perjudiciales para dicha persona o su patrimonio, puede ser necesario iniciar un proceso de incapacitación para protegerle frente a los demás, pero también contra sí mismo.

CAPACIDAD DE OBRAR Y CAPACIDAD JURÍDICA

Los procesos de incapacitación tienen como finalidad la privación o limitación de la capacidad de obrar de una persona física. La capacidad de obrar afecta a la posibilidad de realizar de forma válida actos jurídicos, por ejemplo disponer de tus bienes u otorgar un testamento. Esa capacidad normalmente la adquirimos cuando cumplimos la mayoría de edad, ya que hasta ese momento nuestra capacidad de obrar es limitada precisamente por ser menor de edad. No hay que confundir la capacidad de obrar con la capacidad jurídica. Este último concepto hace referencia a la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. La adquirimos cuando nacemos y termina con el fallecimiento, no pudiendo ser ni limitada ni privada por decisión judicial. Es decir, puede darse la situación que una persona incapacitada judicialmente sea propietaria de un piso, pero que no lo puede vender o alquilar.

REQUISITOS INCAPACITACIÓN

Una persona solamente puede ser declarada incapaz mediante una sentencia judicial, y por una de las causas enumeradas en la ley: enfermedades o deficiencias persistentes, bien de carácter físico o bien de carácter psíquico. Será por tanto posible iniciar un procedimiento de incapacitación, siempre y cuando la enfermedad o deficiencia sea permanente e impida a la persona gobernarse por sí misma. Actualmente gran parte de los procedimientos son instados a causa de alguno de los tipos de demencia. Pero también son habituales las incapacitaciones de personas con enfermedades mentales.

INCAPACITACIÓN DE MENORES

Los menores no emancipados están sometidos a la patria potestad o tutela, por lo que no es necesario que sean incapacitados legalmente. No obstante, si en el menor concurre una de las causas de incapacitación y se prevé que perdurará después de que haya cumplido la mayoría de edad, es posible que los padres o la(s) persona(s) que ejercen la tutela del menor, soliciten la incapacitación.

EL PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACIÓN

Partimos de la base que la capacidad de las personas se presume mientras que no haya sido declarado lo contrario en una sentencia judicial tras el oportuno procedimiento. El proceso de incapacitación puede ser iniciado por el presunto incapaz o su cónyuge/ pareja de hecho, pero también lo pueden promover los descendientes, ascendientes o hermanos. Asimismo el Ministerio Fiscal puede iniciar el procedimiento cuando los parientes llamados a ello no lo hacen o simplemente no existen.

El procedimiento se tramita como un juicio verbal y habitualmente se practican tres pruebas. Por un lado el juez explora al presunto incapaz para formarse una primera opinión sobre su estado. La segunda prueba consiste en la exploración por parte de los médicos forenses adscritos al juzgado quienes emitirán un informe con conclusiones sobre la enfermedad de la persona en cuestión. Por último, y con el objetivo de saber quién es la persona más adecuada para ejercer las funciones de tutor, el juez oirá a los parientes próximos. Además de estas tres pruebas se aportará cualquier documento relevante para acreditar la falta de capacidad de obrar del demandado.

LA SENTENCIA DE INCAPACITACIÓN

En la sentencia se nombra un tutor para representar a la persona incapacitada cuando la incapacidad es considerada total, o un curador cuando es parcial. En el último supuesto se estima que la persona mantiene cierto grado de autogobierno que le permite tomar algunas decisiones sencillas. La resolución judicial deberá determinar los asuntos para los cuales necesita la ayuda del curador. Es por eso que decimos que el curador no sustituye al incapacitado sino que le complementa en aquellos actos que no puede realizar por sí mismo, lo cual dependerá del grado de discernimiento del incapacitado. La sentencia que declara la incapacidad se inscribe en el Registro Civil y en el Registro de la Propiedad, en su caso.

MEDIDAS CAUTELARES

Si la protección de la persona o su patrimonio requiere urgencia y no fuera posible esperar que la sentencia declare la incapacitación, existe la posibilidad de adoptar medidas cautelares como por ejemplo el internamiento de la persona o la imposibilidad de disponer de sus cuentas bancarias.